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Pronunciamiento: Seguro social para periodistas es necesario, pero programa federal no resuelve problemas estructurales

  • Lejos de atacar las causas estructurales que han colocado al gremio periodístico en la precariedad del trabajo, AMLO promueve que el Estado asuma la responsabilidad correspondiente a la patronal.
  • La única garantía de que no se convierta en un mecanismo clientelar es que el programa sea  gestionado por una organización de clase.

Este martes, el gobierno federal anunció durante la conferencia de prensa matutina la creación de un programa de seguridad social para periodistas que trabajan por cuenta propia -freelance-, mismo que utilizará un 25% del presupuesto destinado a la publicidad oficial, lo que equivale, según sus cifras, a 750 millones de pesos para este 2022.

Desde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios Contra la  Precarización Laboral  #TenemosQueHablar consideramos que el programa debe ser analizado con detenimiento y, su enfoque y mecanismos de creación y aplicación, cuestionados de manera urgente pues, si bien es cierto que responde parcialmente la necesidad de que parte de las y los trabajadores de la información y comunicación contemos con protección social, lo hace eximiendo a la patronal de su responsabilidad de proveer de este derecho.

La carencia de seguridad social no es un asunto exclusivo del gremio, es consecuencia de mecanismos estructurales que posibilitan el outsourcing, el desmantelamiento del sistema de salud, la informalidad del trabajo, un sistema de pensiones privatizado, la falta de organización sindical para la defensa de los derechos laborales, modalidades de contratación bajo regímenes laborales que no corresponden a la realidad de los servicios prestados o bien, que posibilitan que los patrones queden libres de garantizar el derecho a la protección social, entre otros.

Apropiándose de las demandas del gremio y excluyéndole en la realización de esta propuesta, el gobierno presenta un programa que no atiende el problema estructural de precarización, explotación e inseguridad que vive el gremio, por el contrario, es parcial y poco clara. Este día el propio presidente admitió que se realizó sin siquiera contar con un censo que establezca la cantidad de posibles beneficiarias y beneficiarios.

¿Entonces cómo saben si el presupuesto será suficiente?; para fines de este programa, ¿a quiénes considerarán “periodistas”?; ¿por qué 25 % del presupuesto y por qué de la publicidad oficial?; ¿por qué seguir con la publicidad oficial que sólo beneficia al gobierno y a la iniciativa privada?; ¿por qué un comité consultivo autorizará  los pagos de este programa?; ¿sugieren que la garantía de los derechos laborales debe estar sujeta a la opinión de un grupo de personas?, ¿por qué de un grupo de personas con agenda afín al presidente?; ¿cómo se evitará la discrecionalidad?; ¿no se vislumbra el riesgo de que se convierta en una medida corporativista y clientelar?; ¿el programa, tal como se plantea, afectaría la libertad de expresión?; ¿qué garantía existe de que las empresas no utilizarán este programa para cambiar sus esquemas de contratación para trasladar los costos al Estado -como lo han hecho antes-?; ¿acaso no previeron que favorecerán la contratación de trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de honorarios y la eliminación de puestos de trabajos asalariados?… 

En lugar de que el gobierno apueste por que los empresarios asuman progresivamente la responsabilidad de dotar de derechos laborales a sus trabajadores -de la que de por sí parte del entramado legal les exime- o de que el acceso a la seguridad social sea verdaderamente universal, está apostando por una medida paternalista, asistencialista, que -insistimos- permite que la patronal se lave las manos.

En el contexto de crisis económica, acentuada por la crisis sanitaria, la situación de las y los trabajadores de los medios de comunicación empeoró en buena parte por responsabilidad de las empresas que recortaron salarios, quitaron prestaciones o recortaron personal en un contexto cada vez más violento. El Estado, una vez más, obvia estas condiciones e implementa medidas insuficientes. 

Si el gobierno federal quisiera resolver la necesidad de seguridad social lo haría mediante cambios legislativos que devuelvan la responsabilidad a las empresas a través de la prohibición estricta del outsourcing, cambios al sistema de pensiones o a la Ley del Seguro Social, entre otras medidas.

Es necesario que se construya y se presente una ruta legislativa para modificar de fondo las condiciones de las y los trabajadores de la comunicación -y de la clase trabajadora en general-; de lo contrario se tratará de un programa clientelar más.

Y falta mucho

La demanda de contar con seguridad social es apenas una de las múltiples que han sido colocadas por el gremio, especialmente este 2022 con diversas jornadas de movilización nacional.

Una de éstas es que se evalúen las condiciones de los derechos laborales de las y los trabajadores de los medios de comunicación del país para detectar y sancionar a las empresas e instituciones públicas que antes y durante la crisis sanitaria los han violado.

El 29 de octubre de 2021 hicimos patente esta exigencia en un acto político y oficio dirigido a Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, frente a esta dependencia, de quien nunca obtuvimos respuesta. 

En dichas evaluaciones e inspecciones se podrá constatar que hay miles de trabajadores con jornadas laborales extenuantes, falta de prestaciones laborales básicas, tratos denigrantes, contratos que contravienen la Ley Federal del Trabajo para evadir obligaciones patronales y tributarias o pagos que en ocasiones no alcanzan siquiera el salario mínimo.

El gobierno federal también ha sido omiso a las demandas de sus propios trabajadores como es el caso de la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) y ante las precarias condiciones laborales en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 

Ni se diga, el seguimiento puntual para la garantía de justicia y reparación ante el asesinato de varios colegas.

Mientras este nuevo programa de seguridad social exista -porque la imposición está dada- deberemos movilizarnos para garantizar su transparencia, correcta aplicación y evitar su uso político y clientelar. Debemos pues, tomar este programa, de manera organizada y con certeza de que los beneficios deben profundizarse.

No podemos limitar nuestro papel a la crítica ni a esperar que las transformaciones se decreten desde arriba, debemos fortalecer nuestra unidad y organización para empujar los cambios que requerimos y recuperar nuestros derechos laborales, de manera democrática y con una postura de clase.

Para ATQH, la única garantía es contar con un sindicato de gremio y clase que impida que el gobierno o que grupos partidistas se apropien de las demandas que son nuestras para establecer medidas según sus propios intereses.

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